Corte Internacional amenaza con presentar acusación contra la JCE por crimen a la humanidad si convoca a elecciones en medio de Coronavirus.-
DIARIO VISION.-EE.UU. – El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) podría enfrentarse a una acusación criminal ante la Corte Penal Internacional (CPI), con asiento en la ciudad de la Haya, en Holanda, países bajos, si convoca a elecciones presidenciales y congresuales en medio de la pandemia por causa del Coronavirus.
Los actores políticos del CPI, indicaron que también los candidatos y partidos que presionen al organismo electoral dominicano a convocar elecciones en medio de los estragos del coronavirus, serán acusados de genocidio, conjuntamente con la JCE.
Expresaron que habrá sobradas pruebas de que empujaron, por separado, segmentos de la población a un evento del que sabían que muchos de los convocados saldrían infectados y morirían, lo que constituye un “crimen de lesa humanidad”.
“Los Dominicanos deben definir si son ciudadanos de un país o si son borregos que se van a dejar conducir directamente al matadero por la ambición desenfrenada de los políticos”.
El crimen de lesa humanidad se define como: “Un delito de actos atroces de carácter humano que conlleven a la población civil mediante la aplicación de política de un estado o una organización a la muerte o daños masivos que lleven a la destrucción física total o parcial”.
Los crímenes de lesa humanidad son una de las cuatro clases de crímenes que las Naciones Unidas consideran de mayor trascendencia para la comunidad internacional, tipificado conjuntamente con los crímenes de genocidio, crímenes de guerra y crimen de agresión.
Lo bueno es que los crímenes de competencia de esa corte no prescriben. Una cosa no buena es que la CPI sólo impone penas máximas de 30 años de prisión y como excepción, cadena perpetua. Otra cosa mala es que nunca puede condenar a muerte. Así que, los miembros del Pleno y sus políticos cómplices, seguirán viviendo, aunque encerrados en una lejana y fría celda.
La Corte Penal Internacional (CPI) es independiente, fuera de influencias políticas territoriales, sus fiscales y jueces tampoco responden a intereses de los estados miembros que están obligados a cumplir los mandatos de la corte. República Dominicana firmó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional el 8 de septiembre de 2000 y concluyó el proceso de ratificación el 12 de septiembre, 2005.
Fuente:Prensaunica
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